Editorial
BoliviaSol
17 de diciembre 2008
La restricción boliviana a la importación de autos usados (de más de cinco años de antigüedad) ha provocado la oposición de importadores-exportadores en la zona franca de Iquique (Zofri), en Chile, que verían reducidos sus ingresos por la venta en transvase a Bolivia de autos usados.
Según La Prensa.com, “el aumento de la demanda de estos motorizados en Bolivia hizo que las ventas de la Zofri se multiplicaran por diez en los últimos seis años. En esta gestión llegó al país el 70 por ciento de los 140.000 automóviles usados que se comercializaron en esa zona”.
El gobierno boliviano ha determinado que tal ingreso de unidades usadas contamina el medio ambiente y requiere una provisión superior de los combustibles que subsidia el gobierno. Limitarlo, es la decisión soberana de Bolivia por interés nacional.
Chile pudiera pedir negociar los términos de la reglamentación relevante, como parte afectada. El anuncio del portavoz gubernamental en oposición a la restricción, sin embargo, dice algo diferente: que el librecambismo como principio superior requiere que Bolivia siga aceptando el comercio de autos usados, le venga bien o mal.
“Cualquier cosa que sea un impedimento para que las personas, las ideas y el comercio fluyan entre uno y otro país es obstáculo [a la integración]“, sentenció el ministro portavoz chileno, Francisco Vidal. Pero existen, por ejemplo, leyes migratorias, y reglamentos de seguridad de transportes, y reglamentos de protección al medio ambiente, y protecciones laborales. Existen, es decir, impedimentos al flujo libre de personas, ideas, y comercio, que Chile por su parte implementa. No es justificable un argumento de que en este caso particular, Bolivia debe tragarse las resultados negativos de la reventa de autos en aras de algún principio superior librecambista.
Por la misma lógica, se debiera aceptar la depredación de bosques, aguas, y recursos naturales con tal de que algún comercio internacional la promueva. Por la misma lógica, el interés comercial predomina sobre las protecciones laborales; no existe mayor valor social que la trata internacional, aunque sus beneficios fluyan en solo una dirección, o les toquen sólo a determinados sectores.
Evoca el argumento del ministro la prédica librecambista que impulsa EU en Latinoamérica. Algunos países la han internalizado: Colombia, Perú, El Salvador son ejemplos, por lo menos hasta ahora. Chile también, al punto de privatizar más y más su cobre, el sector principal de su economía, entregando a compañías extranjeras los derechos sobre el mismo; y de abrir sus montañas a un tratamiento similar de los recursos metálicos, no obstante las consecuencias para los pueblos indígenas, los glaciares, las aguas.
Eso es, al fin, asunto de Chile. Limitar la venta descontrolada de autos viejos en Bolivia es asunto de Bolivia. Si Chile quiere ser oído al respecto, tiene derecho a serlo, pero es de esperar que tenga algo más valioso que plantear que una invocación absolutista del librecambismo, estilo TLC Made in USA.
