Editorial | Cambio (25 jun)
- Pese a los descargos esgrimidos por la dirigente de las esposas de los policías Guadalupe Cárdenas, en sentido de que fue “presionada” por el Gobierno y por los propios miembros de la institución que vela por la seguridad a firmar un acuerdo, la realidad de los hechos la ha desmentido.
En la suscripción del convenio estuvieron presentes representantes de medios de comunicación que hicieron turno hasta la madrugada para seguir las negociaciones.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó que todas las negociaciones fueron grabadas y filmadas con autorización de los policías, incluso para que quede constancia para su propio descargo ante sus bases.
Esa constancia muestra que la señora Cárdenas no ha sido presionada y que los acuerdos fueron posibles por la voluntad de ambas partes para solucionar el problema.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, dijo que las opiniones de los dirigentes de la movilización policial desnudan la disparidad de criterios y la falta de coordinación.
Está claro que detrás de este movimiento había personas que intentaron manipularlo para crear condiciones de inestabilidad política y ligarlo con otras manifestaciones, como la marcha indígena de la Cidob, cuyo arribo a La Paz está previsto para esta semana.
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- Gobierno niega presión a Cárdenas para firma de acuerdo y asegura que consultó con sus bases
La Paz, 24 jun (ABI).- La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, negó el domingo una supuesta presión de las autoridades gubernamentales a la representante de las esposas de los uniformados, Guadalupe Cárdenas, para la firma del acuerdo establecido la madrugada del domingo y afirmó que ella estuvo de acuerdo con todos los puntos, después de consultas permanentes con sus bases.
En una entrevista con los medios estatales, Dávila aclaró que el acuerdo fue rubricado con los representantes enviados por los policías amotinados de “forma pública y sin ningún tipo de presión”, como -dijo- evidenciaron los periodistas de muchos medios de comunicación que acompañaron la extensa negociación.
“El acuerdo se firmó en presencia de varios medios de comunicación, fue un acuerdo que se hizo público y por lo tanto ¿qué presión puede haber? al contrario lo que ha ocurrido siempre ha sido el proceso de consulta permanente”, aseveró, al desmentir las versiones de la dirigente de las esposas de los policías, que tras firmar el documento y al parecer por miedo al rechazo dijo que fue “obligada” a firmar el documento.
La Ministra de Comunicación insistió que Cárdenas suscribió voluntariamente el convenio que, a su juico, responde a la demanda de una nivelación salarial de más de 2.000 bolivianos, en el marco de la estructura salarial del funcionario público, como pidieron los policías de baja graduación, además el análisis para de la Ley 101, de Régimen Disciplinario; la creación de la Defensoría del Policía y la jubilación con el 100% del haber mensual.
“El documento abre la posibilidad de mejorar las cosas para los policías porque es un documento abierto. Por lo tanto si hay esa actitud de parte de la señora Cárdenas debemos considerar que esa persona se encuentra en el esquema que ella quiso desmentir señalando que la propuesta que tenía era reivindicativa y no policial”, denunció la Ministra de Comunicación.
En esa dirección, Dávila observó la actitud de Cárdenas y dijo que se sospecha que esa dirigente forme parte de un esquema “destinado a interrumpir el proceso, dentro del esquema del golpe de Estado”, que algunos sectores están impulsando desde el jueves pasado.
La Ministra de Comunicación afirmó que las señas y signos de intransigencia y violencia en la movilización de los policías de baja graduación, y las denuncias de movimientos sospechosos de armas en varias unidades policiales están configurando ese escenario de golpe de Estado.
Dávila afirmó que algunos sectores, ajenos a las demandas de los policías, pretenden aprovechar esa movilización, en una franca motivación política.
“El Gobierno ha estado recibiendo informes sobre un escenario de golpe que es un grave indicio de alianzas de personas con partidos políticos que no se han pronunciado frente a la violencia, que han ocultado la cabeza y han desaparecido frente a esos escenarios y eso tiene que ver con las prueba fehacientes de movilizaciones policiales y de armamento, de acuartelamientos armados mientras se estaba negociando”, fundamentó.
Afirmó que las autoridades gubernamentales tenían la esperanza “de manera inocente” que ese escenario de golpe podía frenarse con la firma de un acuerdo, pero los reportes indican que la movilización continúa.
- Gobierno convoca a esposas de suboficiales a conocer personalmente acuerdo rechazado
La Paz, 25 jun (ABI).- La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, convocó el lunes a las esposas de policías de baja graduación amotinados hace 4 días, a conocer en detalle y personalmente el acuerdo con el Gobierno que homologó un incremento salarial a un mínimo de 2.065 bolivianos (300 dólares), lo mismo que el montante de un bono y la entrega de 2 dotaciones de víveres al año, y que sus líderes rechazaron después de rubricado la víspera.
“Les convocamos a conocer el documento (..) queremos socializarlo”, urgió la Ministra en un careo con dos de las directrices de los amotinados difundido al vivo por el Canal 4 Radio Televisión Popular, en momentos en que los suboficiales se han retirado de las tareas de seguridad ciudadana en las calles de La Paz, Sucre, Oruro y Potosí y Santa Cruz.
Una de las mujeres pidió restablecer la negociación y, por contraste, la segunda repelió con lenguaje agresivo los pedidos de Morales.
El gobierno de Evo Morales denunció que en el fondo de la movilización de los policías por mejoras salariales se esconda una conspiración.
El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, denunció que dos de los líderes de la rebelión de los uniformados de baja graduación, ex oficiales que fueron dados de baja por actos contrarios al reglamento policial, persiguen intereses políticos.
Señaló al líder advenedizo de la protesta, el ex mayor David Vargas, de sostener sus interés políticos, lo mismo que otra de las lideresas, Guadalupe Cárdenas, que candidateó a la Alcaldía de El Alto.
Lo mismo, a Juan Carlos Soraide, ex oficial de policías, de pertenecer a las filas de la opositora Unidad Nacional.
En declaraciones al Canal 9 ATB, señaló que Vargas “fue dado de baja por encabezar un motín que terminó con varios muertos”, 33 de ambos bandos y civiles, entre el 12 y 13 de febrero de 2003, durante un choque armado entre policías y militares.
Pérez denunció que las bases de la protesta fueron asaltadas con “mentiras” después de rubricado el acuerdo el mismo domingo.
“Les han dicho de que este aumento del bono va a salir de la Policía” de sus propias gestiones y recursos. “El aumento al bono no sólo que sale del Tesoro General de la Nación (TGN) sino que es retroactivo al igual que el aumento al salario básico”, señaló en arreglo al acuerdo desconocido, sostuvo.
Dijo que la negociación y la rúbrica del documento fueron registradas en cinta fílmica, lo que desmiente en sí mimo que la firma del acuerdo se efectuó bajo medidas de presión y coerción.
Sostuvo que Soraide fue quien instigó a la quema del vehículo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.
El presidente Evo Morales convocó el domingo a defender la democracia ante los afanes golpistas denunciados en las últimas horas, que impulsan grupos políticos infiltrados en el amotinamiento de los policías de baja graduación.
“La derecha está buscando muertos y compañeros no vamos a prestarnos a la derecha para que haya muertos. Entonces, para eso hermanas y hermanos vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defender hasta las últimas consecuencias”, dijo el Mandatario, tras promulgar un decreto que crea la Empresa Estatal Coro Coro.
El Jefe de Estado confirmó las denuncias del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que reveló que en las últimas horas se interceptó una comunicación entre los policías movilizados, que convocaron a “preparar bombas molotov” para atacar a efectivos del Ejército y al Gobierno.
Además de incitar al asesinato de Carlos Romero y ejecutar un golpe de Estado.
“Alguna gente está metida ahí con otros afanes. (..) seguramente los que privatizaron y les sacaron con el (Decreto Supremo) 21060 (en agosto de 1985) usan algunos hermanos policías para preparar un golpe de Estado y para hacer matar al ministro de Gobierno y para enfrentar a las FFAA”, subrayó Morales.
Respecto a los actos de violencia, en los que los policías amotinados destruyeron documentos y equipos de varias unidades y del Tribunal de Disciplina, Morales cuestionó esa actitud tomando en cuenta que el Gobierno hace esfuerzos para equipar a la fuerza del orden.
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