Susana Bejarano, politóloga
Nadie esperaba una crisis del agua. La oposición venía profetizando desde hace años un apocalipsis económico, pero nada de lo que anunciaba pasaba. Encontró su “premio” en EPSAS y la falta de agua. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas se había dormido en sus laureles. El discurso del “vencedor” se había hecho hegemónico en el gobierno, ganó el “relato de la estabilidad”, así que parecía que nada podía pasar. De la noche a la mañana, la falta de agua desnudó una realidad muy compleja. Entonces todo se dio la vuelta: pareció que lo avanzado quedaba cancelado.
En particular hoy parece cancelado el avance logrado en la última década contra el racismo. Hace unos días, el senador de Unidad Nacional, Arturo Murillo, habló en Panamericana y explicó que en el caso FOCAS, que involucra Samuel Doria Medina, no hubo corrupción porque lo manejó “gente blanca y honesta”. Y no pasó nada. Quiero decir: sus palabras no sonaron particularmente extravagantes ni estúpidas, aunque lo eran; revestían de un sentido de “normalidad”, en tanto y en cuanto se contraponían a la corrupción del FONDIOC, supuestamente manejado solo por indígenas.
Lo mismo pasó en el tema del agua. La crisis dio lugar a una explosión de críticas que fueron encaminándose por la senda del odio hacia “estos indios que no saben administrar nada”. Cualquier revisión de las redes, seguramente arrojará pruebas contundentes del racismo y el desprecio con el que se expresan las clases medias en contra de los dirigentes sociales.
Tenemos, entonces, por un lado, el descrédito creciente de los movimientos y los dirigentes sociales y, por el otro, la militancia de la “gente común” en las filas del nuevo “ciudadanismo”. Hoy lo “in” es ser “ciudadano”. Lo “in” es despreciar y desprestigiar a los movimientos sociales.
Por supuesto que no apruebo la ineficiencia; no, de ninguna manera. Pero me subleva que sigamos revolcándonos en la maldición arguediana y creamos que el “ineficiente” siempre es el indio, como si la ineficiencia fuera exclusiva de un grupo étnico. Así, como en los poemas de Vallejo, al indio se le sigue “dando duro con un palo y duro, sin que él nos haga nada”.
A partir de 2005, se fue asentando en el imaginario nacional una noción: El Gobierno del MAS y los movimientos sociales estaba generando un “Proceso de Cambio” que iba más allá y pertenecía a todos los que siempre quisimos una Bolivia con justicia social, sin analfabetos, sin discriminación; un país en el que llamarse Mamani no cueste ningún insulto, en el que los Quispe no tengan que transformarse en Gisberth. En casi toda Bolivia, el pensamiento nacionalista (que hasta hoy sigue siendo mayoritario) aceptó de buena manera al “Proceso de Cambio” como una vía que nos permitiría frenar y olvidar para siempre la larga noche del racismo y transitar hacia una sociedad con igualdad y sin discriminación.
No es casual, por ello, que la obra suprema del “Proceso de Cambio” sea la Nueva Constitución que fue aprobada con el 77% de los votos de los bolivianos. En la Asamblea Constituyente el Gobierno demostró al máximo su vocación democrática, porque entendía que había que acabar con los privilegios de las élites que dominaron por siglos al indígena y lo sometieron a crueles maltratos y al desprecio social. La Constitución del cambio triunfó, a pesar de la lucha unida e intensa de la derecha, salimos de la vieja República discriminadora y pasamos al Estado Plurinacional, donde nuestras 36 naciones tienen ciudadanía legal plena.
Sin embargo, en algún punto la propuesta de descolonización comenzó a cotizar menos que el obrismo; la apuesta por el fortalecimiento del Estado superó a la praxis profunda de la igualdad. El eficientismo y la necesidad de copar las vacancias de la burocracia estatal con “estadistas” superó al tejido social que sostenía al “Proceso de Cambio” y, entonces, la clase media –reconvertida de urgencia al masismo– asumió la gestión del Estado.
Este proceso es responsable de la gestión gubernamental actual (de lo bueno y de lo malo). Entonces, cuando renace el racismo de las clases medias para penalizar al indígena y culparlo de lo peor del gobierno, se repite otra vez la injusticia de siempre. No es el indígena el responsable de la mala gestión de EPSAS, no es un indígena quien está en la cabeza del sector, ni tampoco es “el indígena ladrón” (como piensa impunemente el senador Murillo) quien dirigió el Fondioc. El indígena fue el beneficiario; a nombre de él la tecnocracia de clase media y una dirigencia maleada que no corresponde a la base generó dispendio en los proyectos e “ineficiencia”. Esta gente tiene nombre y apellido, y no se llama ni apellida “indio”.
Es evidente que estamos regresando al tiempo de la confrontación de alta intensidad. El “Proceso de Cambio” hoy tiene serios cuestionamientos y escasos defensores. Quienes deben defenderlo prefieren hablar de cifras, de un Estado fuerte, de modelos macroeconómicos y de obras; no explican, en cambio, cómo todo lo anterior contibuye efectivamente a la transformación de la vida de la gente. No explican cuánto de “proceso de cambio” hay en cada una de las acciones.
Desgraciadamente, quienes en su momento creyeron y se sumaron al “Proceso de Cambio”, guardan la desilución más grande por el hecho de que no se les dio la “pega” que merecian. Como los bolivianos, de manera muy tercermundista, creemos que las redes sociales se han hecho para insultar, han aparecido ejércitos de trolls (de un lado y otro) y han desatado una guerra de insultos. Justo ahí, en la itersección de resentimiento personal y de odio político, es donde reaparece el racismo, en versiones cada vez más aberrantes. En el imaginario urbano, el responsable de todo lo malo que le pasa al país es el indígena. Otra vez la historia es injusta con el indio.
Más allá de la suerte de las burocracias comprometidas y de aquellas oportunistas, en mi opinión lo que debe continuar en la historia es el “Proceso de Cambio” y el fin de la discriminación. La oportunidad de la inclusión del indígena es hoy, y este momento es irrepetible.
Publicado en El Deber, suplemento Séptima Día
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